Luego de varios meses de negociaciones, Argentina finalmente llegó a un acuerdo con los acreedores de deuda externa más grandes para reestructurar aproximadamente US$ 66.000 millones. En la primera oferta hecha en abril, el ministro de Economía, Martín Guzmán, propuso aplazar el pago de intereses hasta 2023 y reconocer un valor presente de los títulos de US$ 38 por cada US$ 100, contra US$ 60 que pretendían los bonistas.

¿Cómo fue el acuerdo con los bonistas?

Para calcular el valor presente de los bonos, se descuentan los intereses y el capital a recibir durante el plazo del bono a una tasa de descuento, que dependerá de cuán riesgoso sea el país: a  mayor riesgo, más tasa de descuento y menor valor presente. Como es sabido, esta oferta fue rechazada por la mayoría de los acreedores y recién luego de cuatros meses de negociación Argentina consiguió un acuerdo. La propuesta aceptada reconoce un valor presente de casi US$ 55 por cada 100, lo que representa un ahorro de US$ 37.000 millones respecto a la deuda original.

Otro punto importante es el cambio en los plazos de pago. Con la estructura anterior, entre 2020 y 2023 Argentina hubiera debido pagar US$ 38.797 millones, mientras que ahora serán US$ 2.889 millones. Como contrapartida, entre 2032 y 2035 el monto a pagar aumentó de US$ 14.000 millones a US$ 34.260 millones.
Como consecuencia del acuerdo, el país evitó caer en default, algo necesario para estabilizar el mercado cambiario y contener un poco más la devaluación. Otra ventaja es que las empresas argentinas no perderán acceso al financiamiento internacional, importante para sus inversiones.

Mega cepo y rumores. Una oportunidad perdida

Igualmente, pasará un largo tiempo para que el Gobierno vuelva a acceder al mercado de deuda internacional a tasas razonables, ya que los desequilibrios macroeconómicos locales aún son muy grandes.

Sin embargo, la estabilización del mercado nunca ocurrió y con el anuncio del nuevo mega cepo, la desconfianza en el sistema financiero terminó de caer y los viejos fantasmas volvieron como rumores espectrales en el boca a boca de las redes sociales y mensajeros instantáneos.

El próximo paso será ahora negociar con el FMI para acordar un plan económico que permita a la Argentina crecer y al mismo tiempo cancelar sus compromisos en un nuevo esquema de pago. El país le debe al organismo aproximadamente US$ 44.000 millones, que deberían comenzar a pagarse en 2021. Pero principalmente le debe a la sociedad un plan, credibilidad y confianza, acuerdos políticos y dejar de pensar en intereses personales para trabajar en pos del esfuerzo y ahorro argentino. Algo que nunca se le dió bien a ninguna variante del justicialismo.