La intención del Gobierno de expropiar a la agroexportadora Vicentin abrió todo un debate alrededor de la situación financiera de la empresa. Muchos decían que estaba quebrada, pero en verdad estaba bajo concurso de acreedores.

Cuando una empresa no puede enfrentar sus deudas, tiene dos caminos: un procedimiento de quiebra o un concurso de acreedores. El primero ocurre cuando la compañía tiene problemas de solvencia y el segundo si tiene una iliquidez temporal.

Cuando hay problemas de solvencia, la empresa no tiene activos suficientes para respaldar sus deudas: es decir, sus pasivos son mayores a sus activos y en consecuencia el patrimonio neto es negativo. En cambio, un problema de iliquidez temporal ocurre cuando no se puede pagar una deuda por no disponer transitoriamente de fondos, pero sí hay activos suficientes para responder a futuro.

Un caso de quiebra sería por ejemplo una empresa cuyas deudas fueran de $100.000 y sus activos de $80.000: por más que liquidará todos sus bienes, no podría enfrentar el total adeudado. En cambio, si tuviera deudas por $100.000 y activos por $120.000, tendría suficientes activos para enfrentar sus obligaciones y entraría en concurso de acreedores si cayera en un incumplimiento transitorio por falta de liquidez.

Diferencias legales

En el concurso de acreedores, el empresario se presenta ante el juez, explica que no puede pagar sus deudas, y el magistrado decide si la compañía puede entrar en concurso. Si se autoriza y el juez determina que el empresario no tuvo responsabilidad, los actuales gerentes podrán seguir administrando la empresa sin intervención judicial.

Si fueran los acreedores quienes pidieran el concurso, el juez podría remover a la actual administración y nombrar un interventor. Sin embargo, siempre se intenta que la empresa siga operando normalmente mientras se define su situación financiera y se busca es una restructuración de la deuda (quita de intereses o capital o reperfilamiento de fechas).

En los casos de quiebras, el procedimiento es diferente. El Código de Comercio distingue tres tipos: fortuita (el empresario no tuvo responsabilidad), culpable (el empresario es culpable) y fraudulenta (posibles delitos del empresario, que podría quedar inhabilitado de por vida para ejercer). En cualquier caso, se liquidan los bienes de la empresa y se empieza pagando primero a los acreedores con prioridad.