La ley del lobizón: por qué el presidente argentino apadrina al séptimo hijo varón

En la Argentina, el séptimo hijo varón de una familia tiene derecho a que lo apadrine el presidente de la Nación. No es una costumbre ni un gesto simbólico suelto: está en la ley 20.843, firmada el 28 de septiembre de 1974, e incluye una beca para su educación y alimentación. Se la conoce popularmente como «ley del lobizón», porque nació de una creencia muy concreta: que el séptimo hijo varón se convierte en hombre lobo. Hoy está en proceso de derogación.

La creencia

La idea de que el séptimo hijo varón carga una condena circula en dos tradiciones distintas que en la Argentina terminaron cruzándose.

Una es guaraní. En Paraguay el séptimo hijo se convertiría en luisón, y la creencia se extendió al norte argentino: Formosa, Misiones y el norte de Corrientes. En la versión local el nombre es lobizón. No era una historia inofensiva: en Paraguay hubo casos de séptimos hijos asesinados por miedo a lo que podían llegar a ser.

La otra es rusa, y trae un agregado: la séptima hija mujer sería bruja. Ese detalle no viene del mundo guaraní —los guaraníes no tenían el concepto de bruja— sino del imaginario europeo que llegó con la inmigración.

De dónde salió el padrinazgo

La solución también es importada. En la Rusia zarista de Catalina la Grande existía el padrinazgo imperial: el emperador apadrinaba al séptimo hijo y eso funcionaba como protección mágica contra la maldición. Tenía además un efecto práctico y nada mágico — evitaba que esos chicos fueran abandonados.

En la Argentina la tradición empieza con una carta. En 1907, un matrimonio de alemanes del Volga radicado en Coronel Pringles, Enrique Brost y Apolonia Holmann, tuvo su séptimo hijo varón, José. Le escribieron al presidente José Figueroa Alcorta pidiéndole que lo apadrinara. Figueroa Alcorta aceptó, y con eso quedó inaugurada una costumbre que ningún texto legal había previsto.

Durante más de sesenta años el padrinazgo se resolvió caso por caso, por decreto. Recién en 1973 Juan Domingo Perón lo institucionalizó con el decreto 848/73, y al año siguiente María Estela Martínez de Perón lo convirtió en ley. En 1984 la provincia de Entre Ríos dictó su propia versión, donde la esposa del gobernador podía oficiar de madrina.

Qué otorga en la práctica

Conviene separar el mito del expediente. La ley no dice nada de hombres lobo: establece el padrinazgo del presidente en funciones al momento del nacimiento del séptimo hijo varón —o de la séptima hija mujer, en una prole del mismo sexo— y le otorga al ahijado una beca asistencial destinada a su educación y su alimentación.

Es decir: una creencia sobre licantropía terminó produciendo un beneficio social concreto y sostenido durante un siglo. El mito quedó en el nombre popular; lo que se firma es un trámite administrativo.

Por qué está en discusión

La ley está hoy en proceso de derogación dentro de la llamada «ley hojarasca», un paquete impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para eliminar normas consideradas obsoletas.

Los argumentos del oficialismo son tres: que se trata de una práctica sin base científica, que impone una obligación al jefe de Estado, y que otorga un beneficio educativo que debería ser universal en lugar de depender del orden de nacimiento.

Estado del trámite, con fecha: la Cámara de Diputados aprobó el paquete con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones y lo giró al Senado. Hasta la información pública disponible al momento de escribir esta nota, el Senado no lo había resuelto. Si la derogación se aprueba, quienes ya recibieron el beneficio conservan sus derechos.

Lo que se pierde y lo que no

Hay una lectura fácil —una ley absurda basada en una superstición— y es incompleta. La norma nació de un miedo real que en algunos lugares costó vidas, y la respuesta del Estado, en vez de combatir la creencia, la desactivó: si el presidente es el padrino, la maldición no aplica y el chico no se abandona.

Como mecanismo es notable. Es la misma lógica por la que muchas creencias sobreviven en forma de ritual administrativo mucho después de que nadie crea literalmente en ellas: lo que persiste no es el hombre lobo sino la función que la historia cumplía.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la ley del lobizón?

Es el nombre popular de la ley 20.843 de padrinazgo presidencial, firmada el 28 de septiembre de 1974 por María Estela Martínez de Perón. Establece que el presidente en funciones apadrina al séptimo hijo varón —o a la séptima hija mujer de una prole del mismo sexo— y que ese ahijado recibe una beca asistencial para su educación y alimentación.

¿Por qué se creía que el séptimo hijo varón era lobizón?

Por dos tradiciones que se cruzaron en la Argentina. La guaraní sostenía que el séptimo hijo se convertiría en luisón, creencia extendida en Paraguay y en Formosa, Misiones y el norte de Corrientes, donde se lo llama lobizón. La rusa, llegada con la inmigración, agregó que la séptima hija mujer sería bruja: ese componente no existía en el mundo guaraní.

¿De dónde viene la costumbre del padrinazgo?

De la Rusia zarista de Catalina la Grande, donde el emperador apadrinaba al séptimo hijo como protección simbólica contra la maldición. Tenía además un efecto práctico: evitaba que esos chicos fueran abandonados.

¿Cuándo empezó en la Argentina?

En 1907, con una carta. Enrique Brost y Apolonia Holmann, un matrimonio de alemanes del Volga radicado en Coronel Pringles, le pidieron al presidente José Figueroa Alcorta que apadrinara a su séptimo hijo varón, José. Figueroa Alcorta aceptó y quedó inaugurada la tradición, que recién se institucionalizó por decreto en 1973 y por ley en 1974.

¿Qué recibe concretamente el ahijado presidencial?

Una beca asistencial destinada a contribuir con su educación y su alimentación, además del padrinazgo formal del presidente en funciones al momento de su nacimiento. La ley no menciona en ningún momento la licantropía: el mito quedó solo en el nombre popular.

¿La ley sigue vigente?

Su derogación está en trámite dentro de la llamada «ley hojarasca». La Cámara de Diputados aprobó el paquete con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones y lo giró al Senado, que hasta la información pública disponible al momento de escribir esta nota no lo había resuelto. Si se aprueba, quienes ya recibieron el beneficio conservan sus derechos.

¿Por qué quieren derogarla?

El oficialismo argumenta que es una práctica sin base científica, que impone una obligación al jefe de Estado y que otorga un beneficio educativo que debería ser universal en lugar de depender del orden de nacimiento. La iniciativa la diseñó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.